Nuestro estado de derecho

24 de abril de 2018

Lo que le está ocurriendo a la UAS es más que una infamia, es una llamada de atención –otra más- para que reaccionemos y tomemos conciencia de lo mal que andamos, llegando ya a un punto donde podemos irnos despidiendo de nuestro sentido de propiedad.

Gobierno del Estado le donó a nuestra universidad casi siete hectáreas, ubicadas en el polígono del campus Buelna, donación que fue aprobada en su momento por el congreso estatal. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, el proceso aún no concluye pues el terreno no ha sido escriturado todavía a nombre de la UAS, es decir que al día de hoy el propietario legal sigue siendo Gobierno del estado; no sé cuánto tiempo ha trascurrido desde la aprobación del congreso hasta el día de hoy, lo que sí se sabe es que fue el suficiente para que la universidad realizara ante la autoridad federal, una solicitud de 120 millones de pesos para obras de infraestructura, los cuales ya están autorizados; como cualquiera de ustedes lo sabe, esos trámites federales no se distinguen por su rapidez, así que de entonces a la fecha algo de agua ha de haber corrido por el río. Pecata minuta, hasta eso.

Por supuesto que, confiadas por los antecedentes del caso, las autoridades universitarias se dispusieron a iniciar las obras necesarias pero, oh sorpresa, se toparon con un particular que les impide hacerlo bajo el argumento de ser el dueño del terreno, quedando la institución entre la espada y la pared, pues no puede interponer denuncia al no ser la propietaria legal, mientras por otra parte, tiene un plazo perentorio para la aplicación de los recursos, caso contrario se perderían sin contar otras posibles consecuencias ante la federación. De ahí pues, la importancia de las declaraciones recientes de las autoridades universitarias, donde piden lo que recomienda el sentido común:

Por eso hacemos este llamado público a las autoridades del estado, para que se concrete lo más pronto posible la protocolización de las escrituras y la entrega física de las 6.9 hectáreas, que fueron autorizadas por el Congreso del Estado a petición del señor gobernador, esos terrenos son vitales para nosotros para completar todo lo que tiene que ver con oficinas administrativas y, por qué no, para la construcción de edificios para albergar más estudiantes. Por eso, a nombre del señor rector solicitamos a las autoridades que se complete la palabra empeñada, que se concrete lo que el congreso del estado autorizó y que se le entregue a la universidad no solamente las escrituras, sino que físicamente se nos haga entrega de las 6.9 hectáreas que fueron donadas por acuerdo unánime del el Congreso del Estado.

O lo que es lo mismo: se agradece el favor, pero más aún si lo hacen completo. El precedente que puede dejar asentado este caso es terrible, pues ya no se podría confiar ni siquiera en la máxima autoridad de Sinaloa.


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