La desaparición de menores de edad

27 de febrero de 2018

“Dónde estarán los niños” no sólo es una frase inquisitiva a propósito de una preocupación por saber el destino de los infantes. La madre profiere esta expresión cuando no los detecta en su entorno inmediato y reboza de contento cuando los avista y los tiene cerca para brindarles una caricia. Esta debiera ser la imagen cotidiana y familiar en un hogar común y corriente, como debiera ser en una sociedad donde imperara la paz.

Desafortunadamente no es así en México y tampoco en Sinaloa. El fenómeno de la desaparición de menores de edad y adolescentes es preocupante o así debiera serlo. En los últimos 16 años en Sinaloa han desaparecido 461 menores de edad y junto con El Estado de México, Puebla y Colima, encabeza este renglón triste y siniestro de la ecuación delincuencial.

Periódico Noroeste  recoge cómo en 2017 ocurrieron 73 casos de desaparición de menores, el último de los cuales se dio apenas el 18 de febrero a las 20:30 horas en el Palmito Viejo una colonia popular en la capital del estado.

Frente a este fenómeno la reacción de las autoridades no ha sido, para decirlo suavemente, el adecuado. Ni de quien tiene la responsabilidad más alta, ni de quien tiene la responsabilidad operativa de enfrentarlo. En efecto, no puede ser un consuelo saber que en Sinaloa este tipo de hechos son menores que en otros estados, porque el simple hecho de que sucedan anuncia que algo no se está haciendo bien.

Me parece que existen fallas en el seno familiar, pero también muy lamentables en las autoridades encargadas de investigar esta clase de hechos una vez que sucede la desgracia. Porque no deja de ser una desgracia que destruye prácticamente el núcleo familiar en donde ocurre.

A una madre, a un padre, a los hermanos y a los familiares más cercanos no puede dárseles como respuesta la conveniencia de esperar. ¿Esperar qué? ¿Cuánto tiempo es aconsejable esperar cuando un menor de edad desaparece? Los protocolos internacionales sobre este tipo casos  consideran cruciales las primeras 24 horas una vez que se conoce el hecho. En nuestro México querido, en cambio, está establecido el criterio de 72 horas para buscar a alguien, niño o adulto,  para luego reconocerlo como oficialmente desaparecida. 

Alguien que pasa por un trance tan doloroso como lo es éste, es obvio lo desesperante que pueden ser este tipo de sutilezas, escuchar a quien está detrás de un escritorio e imperturbable te diga, de la forma más impersonal posible, “hay que esperar 72 horas para subirlo a la alerta de desaparecidos”, puede ser, además de exasperante, humillante.

Las 73 familias que sufrieron la desaparición de un menor de edad en 2017 lo menos que observarán será una conmoción del equilibrio del núcleo familiar. Nada volverá a ser lo mismo y algo similar pasa con las 461 unidades familiares que recibieron un golpe de proporciones semejantes.

Por eso suena insensible y alejada de las preocupaciones de estas personas, los razonamientos de las autoridades de considerar estos hechos poco impactantes,  pues comparado con lo que ocurre en otros estados, en Sinaloa el fenómeno es menor. El hecho cierto es que no debiera ocurrir ni uno solo. Y si pasan tantos es porque algo que no sabemos qué es, no está funcionando bien. Una respuesta semejante para un problema tan delicado revela, en cambio, y tal vez no se den cuenta, el estado de gravedad al que hemos llegado. ¡Aguas!


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